El sector de la Educación Infantil demanda medidas urgentes ante el cierre de casi un 20% de centros

El sector de la Educación Infantil demanda medidas urgentes ante el cierre de casi un 20% de centros

Las organizaciones patronales: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3, integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, en representación del 100% del sector, han suscrito una Declaración Conjunta en la que solicitan medidas urgentes ante la grave crisis que padece este colectivo agravada por la pandemia:

La implementación de modelos de financiación. Con esta medida, se favorecería la viabilidad de estas empresas, y con ello las condiciones que permitan el mantenimiento y mejora del empleo y salarios, y la prestación de un servicio de interés público esencial.

Ayudas económicas extraordinarias para paliar los efectos derivados de la pandemia y que eviten el cierre de los centros de Educación Infantil privados. Para ello, los fondos europeos y el reparto de los mismos, deben responder a criterios objetivos de pérdida de ingresos, como puede ser un 30% de caída, sin que se tenga que limitar el acceso a los mismos a unos sectores de actividad con unos CNAE específicos.

Creación de una Mesa Sectorial de Educación Infantil. Presidida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que se aborde de la mano de los representantes de la negociación colectiva del sector sus problemáticas y posibles soluciones.

La red de centros privados está formada principalmente por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera. Antes del inicio de esta crisis sanitaria existían en nuestro país más de 5.100 centros educativos 0-3, que escolarizaban a más de 250.000 alumnos y alumnas, y que empleaban a más de 50.000 profesionales, la mayoría joven y femenino.

Este sector está inmerso en una profunda crisis, agravada por los efectos de la COVID-19, que está derivando en el cierre constante de centros, superándose en la actualidad alrededor del 20% desde el inicio de la pandemia, con la consiguiente pérdida de empleo que ello conlleva.

Ya antes de que estallara la pandemia existían factores que propiciaban la crisis del sector, como el más que preocupante descenso de la natalidad; la persistente competencia desleal de establecimientos que se publicitan engañosamente como centros de Educación Infantil, sin la oportuna autorización administrativa; o la imposibilidad de repercutir en las cuotas de las familias los incrementos de costes de funcionamiento y, sobre todo, los sociales que han llegado al 45%.

A todos estos factores preexistentes se han venido a unir los producidos por la pandemia, como:

-El teletrabajo derivado de la pandemia, así como el miedo al propio virus han propiciado un descenso de las matriculaciones que va desde el 40% hasta más del 80%.

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, tampoco ha tenido en cuenta los CNAE correspondientes a este tipo de educación.

– El anuncio del Gobierno, tras la reciente publicación de la LOMLOE, de la creación de 65.000 plazas públicas y gratuitas de primer ciclo de educación infantil. Ello contrasta con la ausencia de toda previsión destinada al estudio de alternativas de financiación y/u organización que permitan la subsistencia de la red privada de centros.

Falta de apoyo y reconocimiento de la mayoría de las administraciones públicas. Esta falta de reconocimiento se ve refrendada por el trato discriminatorio dado a esta etapa educativa tanto en la LOE como en la LOMLOE, permitiendo la ruptura del primer ciclo, rompiendo así los objetivos pedagógicos del ciclo y comprometiendo la viabilidad económica de los centros de educación infantil privados.

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS ORGANIZACIONES PATRONALES MÁS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL

Las organizaciones patronales: ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0- 3, integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, en representación del sector, manifiestan que:

Los centros privados no integrados de asistencia y educación Infantil están inmersos en una profunda crisis, que viene de lejos, difícil de superar, y que actualmente se ha visto agravada como consecuencia de la pandemia originada por la COVID-19.

Cabe recordar que antes del inicio de esta crisis sanitaria, existían en nuestro país más de 5.100 centros educativos que escolarizaban a más de 250.000 alumnos y alumnas, y que empleaban a más de 50.000 profesionales, la mayoría mujeres con una titulación superior. Esta situación está derivando en el cierre constante de centros, superándose en la actualidad el 15% desde el inicio de la pandemia, con la consiguiente pérdida de empleo que ello conlleva.

Las principales causas de esta crisis son:

  • El más que preocupante descenso de la natalidad. El Instituto Nacional de Estadística revela una caída de más del 29%, lo que nos sitúa en la cifra más baja desde la existencia de registros, es decir, anteriores a 1941. Este dato se está viendo agravado con la pandemia de la COVID-19 que en su primer año de duración ha registrado una caída del 20% en la natalidad.
  • La persistente competencia desleal de establecimientos que se publicitan engañosamente como centros de educación infantil, sin la oportuna autorización administrativa. Merece una mención especial la competencia desleal que se lleva ejerciendo durante muchísimos años por parte de las llamadas “madres de día”, ludotecas y otros establecimientos que, al amparo de una licencia municipal de actividad, actúan y se publicitan como centros educativos, sin contar con la autorización de la administración educativa competente, es decir, sin contar con código de centro educativo. Esta situación se lleva poniendo en conocimiento de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos desde hace más de 8 años, sin que dichas administraciones tomen medidas al respecto.
  • Imposibilidad de repercutir en las cuotas de las familias los incrementos de costes de funcionamiento y, sobre todo, los sociales que han llegado al 45%. Repercutir dicho incremento de costes daría como resultado un nivel de cuotas que las familias difícilmente podrían asumir. Por tanto, todo ello ha ido a cargo de estos empresarios.
  • El teletrabajo derivado de la pandemia, así como el miedo al propio virus (es importante resaltar que los Centros Privados de Educación Infantil, son centros seguros, que cumplen con todos los protocolos higiénicos-sanitarios, tal y como muestran los datos de Educación y Sanidad, lo que garantiza la seguridad de todo su personal y alumnado), han propiciado un descenso de las matriculaciones que va desde el 40% hasta más del 80%.
  • El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, tampoco ha tenido en cuenta los CNAE correspondientes a este tipo de educación. En este sentido, no podemos olvidarnos que se trata de centros educativos autorizados que estuvieron 6 meses completamente cerrados y sin poder realizar ningún tipo de actividad, por lo que esta exclusión no se entiende al ser empresas cuyos ingresos han descendido en más de un 30%, y que, además, han realizado grandes desembolsos económicos para cumplir con los requisitos impuestos por las autoridades sanitarias para proceder a la reapertura de forma segura, sin haber recibido tampoco ningún tipo de ayuda para realizar estas adaptaciones.
  • El anuncio del Gobierno, tras la reciente publicación de la LOMLOE, de la creación de 65.000 plazas gratuitas de primer ciclo de educación infantil. Cuestión que añade un mayor nerviosismo e incertidumbre entre los empresarios del sector que ven que en los momentos actuales son más adecuadas políticas de consolidación de recursos (redes de centros ya existentes) que no políticas de expansión que ven totalmente injustificadas e innecesarias, a la vista de los datos de natalidad y demanda de estos servicios tanto en la red pública como privada. Ello contrasta con la ausencia de toda previsión destinada al estudio de alternativas de financiación y/o organización que permitan la subsistencia de las redes ya existentes, tanto públicas como privadas, sin la creación artificial de nuevas plazas con una clara motivación política de eliminar progresivamente la iniciativa privada y social en el sector, en contra de los postulados que en este sentido se defienden desde la Unión Europea.
  • Falta de apoyo y reconocimiento de la mayoría de las administraciones públicas. Consideramos que la aplicación del modelo de gobernanza colaborativa (cooperación y coordinación de los sectores público y privado), que se aplica en todos los países de nuestro entorno, es el modelo que más éxitos consigue en el ámbito, entre otros, de la prestación de servicios sociales. Esta falta de reconocimiento se ve refrendada por el trato discriminatorio dado a esta etapa educativa tanto en la LOE como en la LOMLOE, permitiendo la ruptura del primer ciclo, rompiendo así los objetivos pedagógicos del ciclo y comprometiendo la viabilidad económica de los centros de educación infantil.
  • Esta cuestión, está propiciando el trasvase de los alumnos de 2 años a otro tipo de centros que, en ocasiones, no reúnen los requisitos exigidos por la normativa vigente sobre autorizaciones para la impartición del Primer Ciclo de Educación Infantil. A ello se ha de añadir la práctica exclusión del sector privado por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la tramitación del nuevo currículo de la etapa, olvidando su dilatada trayectoria y experiencia acumulada, y relegándolo a una intervención residual.

Por todo lo anterior, las organizaciones patronales más representativas de este sector, formado principalmente por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera, solicitamos, de forma urgente, la aplicación de actuaciones por parte de la administración pública que garanticen la viabilidad de los centros educativos y el mantenimiento del empleo en la base del sector educativo, de vital importancia en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de quienes conformarán la sociedad del mañana.

En este sentido, es fundamental la implementación de medidas como:

Implementación de modelos de financiación y desgravación fiscal para gastos educativos. Con esta medida, se favorecería la viabilidad de estas empresas, y con ello las condiciones que permitan el mantenimiento y mejora del empleo y salarios, y la prestación de un servicio de interés público esencial y de calidad sin afectar a la economía de las familias, ya que muchas de ellas han visto disminuir sus rentas a causa de la pandemia.

Ayudas económicas extraordinarias para paliar los efectos derivados de la pandemia y que eviten el cierre de los centros de educación infantil privados. Para ello, los fondos europeos y el reparto de los mismos, deben responder a criterios objetivos de pérdida de ingresos, como puede ser un 30% de caída, sin que se tenga que limitar el acceso a los mismos a unos sectores de actividad con unos CNAE específicos. Además, tampoco se han tenido en cuenta el incremento de los gastos empresariales derivados de la adaptación de los centros a las exigencias de las distintas normativas sanitarias.

Creación de una Mesa Sectorial de Educación Infantil. Presidida por el Ministerio de Educación, y en el que se aborde de la mano de los agentes sociales la problemática y posibles soluciones que eviten las gravísimas consecuencias que tendría la desaparición de todo el sector educativo y la consiguiente pérdida de empresas y puestos de trabajo, en su mayoría femenino, joven y cualificado.

Lo que firman en el lugar y fecha arriba indicados las organizaciones empresariales que ostentan el 100% de la representatividad de este sector.

ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM 0-3.

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