Escuelas Católicas propone a sus centros un Decálogo para afrontar posibles casos de abuso sexual

Escuelas Católicas propone a sus centros un Decálogo para afrontar posibles casos de abuso sexual

Tolerancia cero con los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y de la sociedad. Colaborar con la sociedad en la erradicación de los abusos sexuales a menores comenzando por garantizar la seguridad en su seno. Ese es el objetivo del Decálogo que Escuelas Católicas (EC) ha ofrecido a sus centros a petición de los propios titulares y que se puede consultar en este enlace: https://www.escuelascatolicas.es/recursos/

Ante la repercusión que ha tenido la noticia sobre el envío por parte de Escuelas Católicas a todos sus centros de un decálogo para afrontar los posibles casos de abuso sexual que puedan sufrir, Escuelas Católicas quiere poner de manifiesto lo siguiente:

Este material no es del todo nuevo, sino que trata de explicar de forma sencilla el procedimiento que se viene aplicando y que se inscribe en un marco de diversas acciones que se vienen desarrollando desde hace años:

En primer lugar, se ofreció a los centros un manual de conducta para que todo su personal tenga conocimiento claro de las pautas que deben seguir para proteger la seguridad de los menores.

Posteriormente, se promovió y logró que se aprobara la legislación por la que se solicita a todos los trabajadores de los centros un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, para proteger a la infancia y a la adolescencia.

Paralelamente, se ha venido fomentado en todos los centros la práctica de una comunicación ágil, de calidad y transparente para facilitar la convivencia a través de la formación a sus responsables.

Actualmente se está en fase de elaboración de un protocolo jurídico a tener en cuenta en las actuaciones que se deban llevar a cabo en el ámbito laboral de los centros ante situaciones de abuso a menores por parte de su personal.

Como parte de este proceso se elabora el Decálogo, un documento sencillo que trata de orientar a quienes deben intervenir ante un caso de abusos a menores en nuestros centros e instituciones.

Aunque se ha dirigido a los directores, cada miembro de la comunidad educativa deberá saber en todo momento cómo actuar en estas circunstancias, y por ello la elaboración de este documento. Lo ofrecemos con afán divulgativo a la sociedad, tal y como nos pedía el Papa Francisco en su discurso al final del encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia: “ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar esta brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas las medidas necesarias”.

Por tanto, nuestro trabajo no acaba aquí. Como ha venido haciendo hasta ahora, Escuelas Católicas colaborará en todo lo que esté en su mano en la erradicación de una lacra que afecta a toda la sociedad y también a nuestro entorno, y contra la que todos debemos luchar.

Por último, Escuelas Católicas quiere resaltar la labor de la inmensa mayoría de los educadores que día a día trabajan con fidelidad a su misión evangélica en sus centros y logran hacer de ellos espacios seguros y de crecimiento integral para sus alumnos. Nuestro agradecimiento a todos ellos, así como a las familias que siguen confiando en la educación católica.

Decálogo de actuación ante un posible caso de abusos a menores en un centro educativo católico o institución religiosa

1. Comunica a la dirección lo sucedido.

Las personas que hayan observado indicios o hayan recibido una denuncia (tanto de hechos actuales como pasados) lo comunicarán lo antes posible (preferiblemente antes de 24 horas) a sus superiores. Esta comunicación se deberá completar con un informe interno. El objetivo es que la información llegue, bien documentada, a los responsables de la institución titular correspondiente.

2. Acoge a la víctima y habla con la familia.

Paralelamente una persona con autoridad moral deberá hablar con la víctima y con su familia. Se asegura la víctima no corre peligro inmediato (si la agresión se ha producido recientemente) y averigua físico y emocional, poniendo a su disposición la ayuda psicológica o de otro tipo que precise, y acompañándola siempre que sea necesario. Le mostrará en todo momento comprensión, no juzgará, ni pedirá detalles morbosos. Es importante que la víctima se sienta creída y protegida, independientemente de que una ulterior investigación confirme o desmienta lo denunciado.

3. Proporciona atención médica.

Si hay lesiones y se necesita atención urgente, se deberá llamar al 112 y avisar a los padres. Si se puede esperar, se avisará a los padres y se recomendará que se acuda inmediatamente a un centro de salud para que se realice un re- conocimiento médico y un parte de lesiones.

4. Abre una investigación.

Se iniciará una investigación interna para realizar un análisis de las acusaciones realizadas, su alcance y consecuencias, respetando siempre la voluntad de las posibles víctimas y el derecho de presunción de inocencia. Si esta investigación preliminar aprecia indicios de veracidad en la denuncia, se pondrán en marcha el resto de los mecanismos aquí descritos y se tomarán las medidas oportunas.

5. Aleja preventivamente al acusado de los menores.

Si el presunto agresor está en esos momentos en contacto con menores, el centro o institución deberá alejarlo de ellos temporalmente (independientemente de cuándo se produjeron los hechos denunciados, de la edad del denunciado o del cargo que ocupe en ese momento). Esto protege a ambas partes. En el momento de presentar la denuncia o comunicación, se puede solicitar también una orden de protección, con objeto de asegurar de forma cautelar el distanciamiento físico entre víctima y agresor.

6. Activa el Comité de Crisis.

Cada centro o institución debería tener configurado permanentemente un Comité de Crisis que conozca sus funciones de antemano. De esta forma, cuando nos enfrentemos a una posible crisis, tanto por un hecho actual como pasado, se activará dicho Comité de Crisis y, si la situación lo exige, se reforzará con las personas adecuadas.

El director del centro, el superior provincial o delegado, el director o coordinador general de fundaciones, el obispo o un vicario, son susceptibles de estar en el Comité en función de la naturaleza de la institución y de la crisis. A ellos se sumará un abogado y un experto o técnico (ej. orientador, psicólogo, etc.). El Comité centralizará las decisiones, se asegurará de que todo el proceso se vaya documentando rigurosamente, nombrará un portavoz, que ya estará en el equipo o se le invitará a formar parte de él, y pondrá en marcha un Plan de Comunicación de crisis basado en la transparencia, la veracidad y la agilidad a la hora de comunicar.

7. Denuncia/comunicación a las autoridades.

Si se tiene constancia de un daño a un menor, toda persona mayor de edad tiene obligación legal de ponerlo en conocimiento de las autoridades, por lo que se deberá informar directamente a la Fiscalía2. Si no es posible, se podrán dirigir a la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Existen dos posibilidades: denunciar o comunicar; esto último en muchas ocasiones es una vía más sencilla y adecuada. En el caso de que sea un religioso o sacerdote, se informará también a la jerarquía eclesiástica de acuerdo con las normas canónicas. Los hechos de abuso sexual a menores no deben silenciarse, ni encubrirse o subestimarlos en ningún caso.

8. Actúa.

De poco valen las palabras si no van acompañadas de acciones que las avalan y les dan credibilidad. Aún en el caso de que el acusado haya fallecido o el delito haya prescrito hay que tener en cuenta que las víctimas merecen el reconocimiento de su dolor y, por tanto, incluso en estos casos hay que pasar a la acción, por muy dolorosa que pueda resultar en ocasiones. Del mismo modo, debemos atender a los acusados, tanto si se confirma la acusación como si no. En el primer caso nos corresponderá acompañar su ca- mino de redención y en el segundo colaborar en la recuperación de su buen nombre y credibilidad si se han visto dañados, e incluso en la reparación del daño psicológico que hayan podido sufrir.

9. Comunica la crisis.

Una vez valorado el alcance de la crisis, y priorizando la comunicación con los públicos directamente afectados, se elaborará un comunicado oficial en el que se condenará cualquier tipo de abusos a las personas y especialmente a menores; se pedirá perdón a la persona que sufrió los abusos y a su familia; y se expresará el compromiso firme con el esclarecimiento de lo ocurrido, poniéndose a disposición de las autoridades para lo que sea necesario y protegiendo en todo momento los datos personales tanto de víctimas como de acusados y de otros miembros de la comunidad educativa. Dicho comunicado se publicará en todos los canales institucionales del centro o institución y se enviará a los medios de comunicación en función de la repercusión real o prevista en los mismos.

10. Adopta o refuerza las medidas de prevención necesarias.

Se tomarán medidas para impedir que vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza en un futuro. Es recomendable asesorarse con organizaciones de la infancia especializadas en estos casos (Unicef, Save The Children, Fundación ANAR…), y aplicar las directrices y protocolos de las Conferencias Episcopales y congregaciones. Sería muy oportuno contar con un protocolo propio si no se dispone ya de él. Asimismo, se instituirá un mecanismo de fácil acceso para víctimas o terceros (testigos, familiares…) que deseen denunciar este tipo de delitos en el futuro.

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