El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos al Proyecto de LOMLOE y ha tomado en consideración la tramitación del mismo. Una mala noticia para nuestro sistema educativo, que se ha visto hurtado del imprescindible debate que toda ley de este calado debe tener. El Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para avanzar en la tramitación de la LOMLOE sin debate y, por supuesto, sin consenso.
Tal y como se sospechaba, el Gobierno ha hurtado el debate sobre la LOMLOE tramitándola en medio de una pandemia, con un Gobierno en debilidad y en clara minoría, sin debate parlamentario ni diálogo social. Ahora solo cabe esperar a que se permitan las comparecencias de los representantes del sector educativo y que las enmiendas al articulado no sirvan para empeorar aún más una ley que es un claro retroceso para nuestro sistema educativo, porque es de facto una vuelta a la fracasada LOE, y porque pone límites inaceptables a las libertades de los ciudadanos. La “derogación de la LOMCE” no debería convertirse en un trofeo político, tan ansiado por algunos, sino en una oportunidad de hacer una Ley de consenso y que dote de estabilidad a nuestro sistema educativo.
Esta Ley elimina la demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas; permite la distribución del alumnado por la Administración educativa sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres; inventa un derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación; olvida los derechos de los padres como responsables de sus hijos; introduce un comisario político en los centros concertados; posterga la enseñanza de la Religión; impone una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados; limita la autonomía de los centros; ataca a la educación diferenciada; y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial.
Es un buen momento para recordar el Manifiesto que recientemente han presentado más de 40 entidades educativas europeas para explicar cómo está afectando la crisis de la COVID-19 al pluralismo educativo. El Manifiesto denuncia que estamos ante una emergencia educativa que está afectando de una forma más severa a las escuelas concertadas, y los firmantes exigen a los distintos gobiernos que no utilicen esta crisis para conseguir objetivos políticos contrarios al pluralismo educativo.
En este sentido, el Manifiesto recuerda el artículo 76 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la modernización de la educación en la Unión que “Anima a que, en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto de la libertad de elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de lucro”.
Por todo ello, Escuelas Católicas reclama al Gobierno que permita un debate parlamentario y social real que nos lleve a una ley de consenso y que respete el lugar que corresponde a la red concertada dentro de nuestro sistema educativo.
Asimismo, Escuelas Católicas recuerda su voluntad de seguir colaborando activamente para lograr la mejor recuperación de nuestra educación tras la crisis de la COVID-19. No somos el problema, sino parte del sistema educativo y para aprovechar todas sus fortalezas es necesario que el Gobierno preste un apoyo equitativo a todos los centros, públicos y concertados, que quede bien reflejado tanto en la LOMLOE como en las medidas para superar las consecuencias del COVID-19 que decidan las administraciones.