Ante el informe publicado por EsadeEcPol el día de ayer titulado “El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas” y la cobertura que ha tenido en numerosos medios de comunicación, donde se atribuyen a la enseñanza concertada prácticas ilegales e irregulares, desprestigiando el gran trabajo que esos centros hacen por la educación en nuestro país, nos vemos obligados a solicitar a EsadeEcPol una rectificación pública por estas acusaciones tan graves, con objeto de subsanar la desinformación que ha provocado este informe.
Es de justicia recordar que las actividades, servicios y proyectos educativos que hacen los centros concertados son legales, autorizados y supervisados por las administraciones y que el trabajo de miles de profesionales al servicio de la educación no puede cuestionarse sin base alguna.
El informe, que también subraya la insuficiente financiación de la enseñanza concertada en España, es una prueba más de la necesidad de calcular el coste real del puesto escolar para garantizar su sostenimiento pleno.
Reiteramos nuestro compromiso absoluto con la transparencia y la legalidad y nos manifestamos abiertos al diálogo y a trabajar juntos para mejorar la educación y la sociedad.
Para más información os remitimos a la valoración hecha por las patronales que podéis ver en la web de Escuelas Católicas: www.escuelascatolicas.es; de CECE, www.cece.es y de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (U.E.Co.E.), www.uecoe.es.
VALORACIÓN DE LAS ENTIDADES DE TITULARES DE CENTROS CONCERTADOS (ESCUELAS CATÓLICAS, CECE Y UECOE) SOBRE EL INFORME DE EsadeEcPol
El reciente informe de EsadeEcPol representa un avance interesante en la comprensión del panorama educativo. Reconocemos la importancia de su exhaustividad, especialmente al destacar la diversidad de los centros en la red concertada.
Queremos hacer hincapié en varios puntos que consideramos cruciales para una evaluación completa y precisa:
El informe subraya la insuficiente financiación de la educación en España, así como la crónica infrafinanciación de la escuela concertada. Es urgente cumplir con el mandato legal (LOE y LOMLOE) de calcular el coste real de la plaza escolar y garantizar su sostenimiento pleno, sin que los titulares de los centros o las familias de los alumnos deban contribuir económicamente para su supervivencia.
Nos preocupa que el informe sugiera que la enseñanza concertada no cumple con la garantía constitucional del derecho a la educación, basándose en la percepción de que los alumnos no pueden acceder gratuitamente a estos centros. Cualquier familia puede solicitar plaza en un centro concertado sin obligación de pago por la enseñanza financiada por el concierto, tal como estipulan los acuerdos de concierto con la Administración.
Es incorrecto e injusto sugerir que los centros concertados incentivan el cobro de cuotas ilegales. Todas las contribuciones económicas de las familias son voluntarias y destinadas a actividades o servicios adicionales, como se establece claramente en los documentos de concierto. La regulación actual ya establece amplios sistemas de control de las cantidades que los centros concertados perciben.
Lamentablemente, el informe no aborda adecuadamente el impacto segregador de las políticas públicas que limitan el acceso a becas de comedor, transporte y apoyo a necesidades para familias de la escuela concertada, ni considera la falta de oferta concertada en muchas zonas rurales o de menor población.
La mezcla de aulas concertadas y no concertadas en el cálculo del gasto por alumno distorsiona las valoraciones, al igual que la “reclasificación” de alumnos de la red pública basada únicamente en la declaración de cuotas elevadas.
Además, confunde incluir donaciones, aportaciones y cuotas por actividades en el concepto de «cobro de cuotas». La falta de claridad induce a confusión: parece sumar múltiples partidas para respaldar una conclusión previa.
Destacamos que el Informe señale el poco rigor de los estudios publicados periódicamente por CICAE y CEAPA y titulares sesgados en otros medios y que hemos denunciado en ocasiones anteriores.
Por todo ello, instamos a efectuar una revisión más rigurosa de los datos presentados en el informe, especialmente en lo que respecta a la financiación real de los centros concertados y su capacidad para mantener instalaciones adecuadas. Es esencial no confundir las donaciones y contribuciones voluntarias con el cobro de cuotas ilegales, y también es preciso reconocer el papel vital que desempeñan los centros concertados en la oferta educativa del país.
