Salimos hoy de nuevo a la calle para poner voz a la educación de Castilla y León.
Ponemos voz a los alumnos, a los centros educativos, a los trabajadores, docentes y otros profesionales que cada trabajan cada día por el futuro de sus alumnos. También ponemos voz a las miles de familias de Castilla y León que confían en la educación de esta comunidad. A todas las madres y padres que desean elegir libremente el centro que quieren para la educación de sus hijos.
Y ponemos voz también a todos los ciudadanos que defienden la libertad y la pluralidad en la sociedad y en el sistema educativo.
Un aplauso por todos ellos: por los alumnos, centros, trabajadores, familias y ciudadanos que desean libertad y pluralidad.
Salimos a la calle para defender esa libertad y mostrar nuestro rechazo a la Ley Celaá. Para defender los derechos de enseñanza y la pluralidad educativa ante el acoso y los recortes de libertades que pretenden imponer con una ley educativa sin consenso, que silencia a una mayoría de la sociedad, y que pretende aprobarse con nocturnidad el próximo 23 de diciembre.
Así que, un aplauso también por la libre elección de centro, por un modelo plural, de calidad, heterogéneo e inclusivo, por una red educativa plural -pública y concertada-, por la educación especial, por una financiación adecuada que garantice la gratuidad, por una educación sin ataduras a la libertad de conciencia y sin imposiciones ideológicas laicistas… un aplauso por la libertad.
La Plataforma Más Plurales acoge a una gran diversidad de colectivos ciudadanos apolíticos: a la enseñanza concertada de Castilla y León, padres y madres de alumnos, sindicatos de trabajadores, centros de enseñanza, ciudadanos que quieren pluralidad educativa y libertad…
Y todos queremos manifestar hoy que estamos en contra de una nueva ley educativa. Es una locura que en estos tiempos el gobierno se dedique a promover, potenciar y aprobar una ley que no garantiza los derechos fundamentales de la libertad, de la libre elección de centro educativo y que pone en riesgo el derecho fundamental a que nuestros alumnos se eduquen en un sistema plural, en el que todos tengamos cabida.
Por eso queremos decir hoy aquí: ¡No a la Ley Celaá! ¡Sí a la libertad de enseñanza! ¡Sí a la pluralidad social en nuestro sistema educativo!
¡No a la LOMLOE! ¡Sí a la convivencia de las redes educativas sin exclusiones ni expulsiones!
¡No a la Ley Celaá! ¡Sí a la posibilidad de educar en libertad, pensar en libertad y creer en libertad!
1. NO TOLERAMOS límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia.
2. DEFENDEMOS la complementariedad de las redes pública y concertada. No admitimos que la Ley Celaá imponga la distribución del alumnado por encima de las demandas de las familias.
3. NO ACEPTAMOS el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con una gran satisfacción de las familias. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial.
4. EXIGIMOS mejoras reales para los profesionales de los centros educativos. La LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo.
5. DENUNCIAMOS que, a través del control político de la educación, asistimos a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.
6. RECLAMAMOS al Estado la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos. Y esta financiación debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes prestan un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos.
7. DECLARAMOS que no nos cansaremos y que seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo con esta ley injusta y sin consenso.
Desde aquí, al igual que se está haciendo en otras ciudades de España, hacemos un llamamiento a la sociedad y a los ciudadanos para que muestren el rechazo al recorte de derechos democráticos y libertades que supone la ley LOMLOE.
¡No a la LOMLOE!
¡Por nuestros hijos! ¡Por el futuro de nuestra sociedad democrática! ¡Por el futuro de nuestro trabajo! ¡Sí a la pluralidad y a la libertad educativa!
